jueves, 6 de octubre de 2011

Pincelada: ¡Clama al cielo!






No hay día que abramos un periódico o pongamos la tele sin que nos enteremos de un nuevo escándalo. El último pelotazo ha sido el de Novacaixagalicia y sus directivos caraduras que se embolsaron más de 23 millones de euros antes de coger el sombrero.

El pasado 29 de julio les comentábamos el escándalo de la CAM, pero éste no le va a la zaga. Tanto la Comisión de Retribuciones (el 4 de agosto) como el consejo (el 25 de agosto) de la intervenida Novacaixagalicia votaron a favor del pago de las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones para cuatro integrantes del antiguo comité de dirección de la Caja. Se trata de los ejecutivos José Luis Pego (ex director general) que recibió 8 millones de euros, Óscar Rodríguez (ex director general adjunto de Integración) que cobró 7 millones, Gregorio Gorriarán (ex responsable del grupo inmobiliario) que se llevó 5 millones y Javier García de Paredes (ex director general adjunto), quien renunció a la mitad y se llevó “tan sólo” 3 millones y medio.

Y nunca estuvo mejor empleada la palabra “ejecutivo”, pues estos pájaros, con su nefasta gestión, se habían encargado previamente de exterminar a la entidad, que ha necesitado una inyección del Estado de casi 2.500 millones de euros por el 93% de su capital. El 7% restante ha quedado en manos de la antigua Novacaixagalicia. Antes de su nacionalización, ya había recibido una ayuda del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por un valor de 1.162 millones en participaciones preferentes.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado expresó su repulsa con las palabras: "Personalmente, me parece bastante inadmisible, pero legalmente habrá que ver si esas retribuciones se ajustaban a lo que se había dispuesto por parte del consejo y en los estatutos".

Cierto, es inadmisible (o al menos debería serlo) que los directivos de entidades financieras "rescatadas" con dinero público perciban pensiones e indemnizaciones millonarias de entidades que han tenido que ser intervenidas. Y me pregunto: ¿no son el gobierno de la Xunta de Galicia y el director del Banco de España igualmente responsables de un desaguisado que, al tratarse de dinero del Estado, pagamos a la postre todos los contribuyentes?

Al ciudadano de a pie le cuesta trabajo asistir en plena crisis al bochornoso espectáculo de unos señores que, primero cobran sueldos astronómicos de una Caja de Ahorros y, poco antes de ser ésta intervenida por el Banco de España, la expolian garantizándose a sí mismos indemnizaciones y pensiones millonarias. Y eso a pesar de que su mala gestión haya sido la principal culpable o, al menos, corresponsable del derrumbe de la entidad bancaria que les empleaba. Por lo que a mí respecta, me parece inmoral y obsceno que esto suceda sin que nadie sea capaz de poner coto a estos desmanes, mientras más de cuatro millones de parados no saben cómo llegar a fin de mes.

Entretanto, leemos en la prensa que la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, va a acudir a los tribunales para intentar cobrar la pensión vitalicia de 369.497 euros al año que se le ha negado por su mala gestión y el supuesto falseamiento contable en las cuentas de la CAM.

¡Menuda jeta!
Margarita Rey

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