martes, 17 de enero de 2012

Pincelada: Las incoherencias de un ministro


Cuando se hizo público el nombramiento de D. Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia pensé que quizás había sido un acierto en relación con sus otros antecesores en el cargo, algunos de su propio partido en anteriores legislaturas, otros del gobierno del PSOE, como D. Mariano Fernández Bermejo, de triste memoria, cuya inoperancia para la resolución de los problemas surgidos en su Ministerio es de todos conocido, o como D. Francisco Caamaño, que ha llevado su mandato “sin pena ni gloria”.

Durante su intervención en la toma de posesión de altos cargos de su departamento, el Sr. Ruiz Gallardón manifestó que deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto "que tenía sentido por razones históricas".

El derecho a tener vacaciones anuales está reconocido internacionalmente: todo trabajador las disfruta, y si un empleador no se las otorga, el trabajador puede reclamarlas en vía jurisdiccional, en la que, casi siempre es un abogado quien le dirige técnicamente el asunto. Sin embargo, todos los funcionarios de la Administración de Justicia sin excepción, Jueces y Magistrados incluidos, tienen derecho a sus vacaciones anuales, y se turnan para poderlas disfrutar. El Sr. Gallardón también las ha disfrutado siempre, tanto en su corta trayectoria profesional jurídica (era Fiscal, pero enseguida se dedicó a la actividad política), como en su cometido como político.
  
La Abogacía es una profesión muy peculiar, en la que el cliente que recaba los servicios de un abogado quiere que sea este abogado y no otro quien le lleve su asunto. Para la mayor parte de los abogados el cliente no es un mero número de expediente, sino una persona que le ha confiado a ese profesional en concreto el problema que le angustia. Es muy difícil la sustitución, máxime en la redacción de escritos y recursos.

La inhabilidad judicial del mes de agosto en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes es hábil para tramitar asuntos laborales y penales, fue un logro desde el año 1973, debida al sentir general de todos cuantos actúan en la Administración de Justicia sobre una realidad social a la que necesariamente se debía ser sensible. Era y sigue siendo público y notorio que la mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones especialmente en agosto (el mes más molesto, pero también el más barato) y que citar en ese período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de uno de cada diez juicios por incomparecencias. Esa disminución de la actividad judicial no es, además, exclusiva de España.

La demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la inhabilidad del mes de agosto supone un retraso máximo de 20 días, frente al retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España que lleva a señalar juicios, no especialmente conflictivos, para 2014 o 2015. Y no digamos si se trata de un asunto planteado ante el Tribunal Supremo.

Existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales, que van desde la posibilidad de habilitar las tardes para los Juicios y el trabajo en los Juzgados, hasta el cumplimiento de los horarios, de los señalamientos y de los plazos para dictar Sentencias, el aumento de la productividad, la adecuada informatización de los Tribunales, el aumento del número de Jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje.

Con motivo del Bicentenario de la Constitución Española de 1812, los exministros de Justicia Belloch, Acebes, Michavila y López Aguilar participaron en el X Congreso Nacional de la Abogacía, presidido por el Presidente del Consejo General de la Abogacía Español. D. Angel Acebes, Ministro de Justicia durante el gobierno de Aznar, (o sea de la “cuerda ideológica” del Sr. Gallardón), tras reconocer los problemas de la Justicia actual, catalogándolos de "históricos", criticó el hecho de que muchas de las soluciones que se puedan aportar se realice “de manera aislada o sin tener en cuenta el modelo completo, porque meter piezas aisladas puede provocar que salte la maquinaria". Y habló de la necesidad de un gran Pacto de Estado en materia de Justicia, punto éste compartido por el resto de los miembros de la mesa. En la misma línea, Michavila dijo que para impulsar su modernización y que las leyes se consigan con acuerdo y consenso deben elaborarse "escuchando a los que saben".

El Sr. Gallardón también dijo que va a reducir procedimientos, o sea que, como siempre, los encarecerán y sólo podrán litigar los de mayor poder adquisitivo (indiscutiblemente las multinacionales y grandes Compañías) y los que carezcan totalmente de recursos que, en ese caso, pueden acudir al Turno de Oficio. Como siempre la clase media deberá soportar otro sacrificio: en este caso no poder acudir ante los Tribunales para ejercitar sus legítimos derechos ante la imposibilidad económica de soportar los gastos que ello conlleva.

Por cierto, hay quien cree que los abogados adscritos al Turno de Oficio, están debidamente remunerados como pueden ser los médicos de la Seguridad Social. Tales profesionales estuvieron muchísimos años sin recibir compensación económica de ninguna clase. El trabajo casi siempre es ímprobo y a cambio se recibe una exigua “compensación económica”, que no justa retribución, al estar muy por bajo de los honorarios contenidos en los Criterios Orientadores aprobados por los diferentes Colegios de Abogados.  

Lo menos que puede hacer un Ministro de Justicia cuando toma posesión de su cargo es estudiar a fondo, aparte de las Leyes y sus antecedentes históricos, los problemas reales de que adolece la Administración de Justicia, para remediarlos, o intentarlo al menos, sin improvisaciones. Debería hacerle caso a su compañero de partido Sr. Acebes y no enfocar el asunto “de manera aislada” con precipitación y de manera irreflexiva e injusta para un colectivo que siempre ha sido sensible con los más desfavorecidos, y sobre todo el Sr. Gallardón ha sido desconsiderado al tomar la palabra en este tema sin tener un contacto previo institucional con el organismo que representa a los abogados, el Consejo General de la Abogacía Española. Por favor, Sr. Gallardón, se lo pido por favor, tal como recomendaba su predecesor en el cargo Sr. Michavila: “escuche a los que saben”.
María Dolores Moral - Abogado


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